Dos centenares de personas con discapacidad, representantes del movimiento asociativo de las personas con discapacidad de Gijón, así como colectivos afines, se concentraron este mediodía en la plaza Mayor de Gijón, convocadas por la Unión de Discapacitados del Principado de Asturias (UMA), para pedir de nuevo al Gobierno municipal que se modifique el contenido de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del concejo de Gijón/Xixón que obliga a las personas con discapacidad y movilidad reducida a adquirir, desde el 1 de abril, la Tarjeta ORA, cuyo coste es de 45 euros, para aparcar en la zona de estacionamiento regulado.
Hasta ahora, en Gijón los/las titulares de la Tarjeta Europea de estacionamiento para personas con movilidad reducida estaban exentas de pago. “Se trata de un beneficio que tenemos desde hace más de veinte años y ahora nos lo quitan”, claman los/las afectados/as, que tildan de “injusticia y de pérdida de derechos” esta medida y que no entienden “los argumentos que ofrece el Consistorio para justificar este cambio”.
Los allí presentes consideran que el abono de los 45 € “no va a solucionar el inadecuado uso de las tarjetas, que se soluciona con más vigilancia policial, multas y retirada de la misma, ni va a conseguir una gestión más eficiente y equilibrada del aparcamiento regulado, con alta demanda en la ciudad, pues si, las 3.000 personas con discapacidad y movilidad reducida que actualmente tienen en Gijón la tarjeta de aparcamiento reservado, sacan la nueva tarjeta ORA y abonan los 45 €, el único cambio es que el Ayuntamiento va a recaudar 135.000€” y por ello “se debe apoyar a este colectivo y no retirarle los beneficios concedidos en su día, siguiendo el modelo de otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona, en las cuales se mantiene la exención del pago del aparcamiento regulado, a pesar de la mayor demanda de aparcamiento que existe en dichas poblaciones”. Desde UMA se considera “injusto y un paso atrás la pérdida de este beneficio y del todo incomprensible para la ciudad más poblada de Asturias y la 15ª de España, cuyo Gobierno municipal, en lugar de mantener un beneficio, decide revocarlo”.
El colectivo de personas con discapacidad y movilidad reducida de Gijón señala que el beneficio otorgado hasta la fecha “favorece la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato”, pues “con dicha concesión se compensan parcialmente las desventajas que tiene una persona con discapacidad, respecto a la población en general, ya que el gasto anual extraordinario de una persona con discapacidad puede ir desde los 3.000 hasta los 100.000€, si necesita cambiar de vivienda”, máxime en un momento en el que los precios del gas, la energía, el combustible y la alimentación están aumentando.
“No hay motivos de peso para hacernos pagar la ORA. Pedimos al Gobierno municipal que dé marcha atrás y derogue el contenido de la ordenanza que nos obliga a ello”, pues “de esta manera se nos facilita la movilidad, la autonomía personal y, con ello, la inclusión social a un grupo social que debe lidiar todos los días con los ojos críticos y la invisibilidad social, mientras intentamos encontrar un lugar en la sociedad”, exigen los/las afectados/as.
La recepción de determinadas prestaciones sociales, la aplicación de deducciones y beneficios (como la exención del pago de la tasa de la ORA), dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, compensan parcialmente los importantes costes que este colectivo ha de asumir para cubrir las necesidades que surgen derivadas de su discapacidad. “Cualquier gasto añadido, por pequeño que sea, hace que esta compensación esté cada vez más lejos y, con ello, la igualdad de oportunidades y la inclusión social”, añaden.
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